MÉRIDA, Yuc.- Este martes, Lolbé Carrillo Jimenez, directora general de Administración del Ayuntamiento, se presentó a trabajar a sus oficinas en la Comuna, a pesar de que el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por seis meses.
A su llegada al edificio del Ayuntamiento de Mérida, la ex directora de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) fue requerida por los regidores quienes le cuestionaron su presencia, puesto que "la sanción del Poder Judicial de la Federación fue clara".
Sin embargo, Carrillo Jiménez no dio tiempo a explicaciones y con un "con permiso" se retiró a resguardarse en el baño que colinda con las oficinas del alcalde César Bojórquez Zapata.
Hasta estos momentos, ni la funcionaria municipal ni el Primer Edil han dado cara a la prensa ni han explicado la presencia de Lolbé Carrillo en el Ayuntamiento.
Por su parte, el secretario de la Comuna, Jorge Puga Rubio, dijo que "vamos a esperar a que nos llegue la documentación que avala la decisión de las autoridades federales donde ordenan la sanción contra Lolbé".
"Posteriormente, tomaremos la decisión que corresponda, pero de entrada no hay otra instancia para seguir el caso (en alusión de que no existe otra autoridad a la que pueda recurrir la funcionaria)".
Puga Rubio dijo desconocer si la ex directora de la Japay continúa laborando o no, pero ella se presentó este martes a sus oficinas.
El falloAyer, el Tribunal Colegiado de Circuito, perteneciente al Poder Judicial de la Federación, notificó la negativa de otorgar el amparo de la justicia federal a Lolbé Carrillo Jiménez y Aracelly Domínguez Cabrera, funcionarias de la Junta de Agua potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) en la pasada administración estatal, por otorgar indebidamente recursos de dicha dependencia a la Asociación Civil Niños y Crías.
Ante el fallo, Lolbé Carrillo deberá cumplir con la inhabilitación para ejercer algún cargo público por un periodo de seis meses, y Aracelly Domínguez recibirá una amonestación, y una sanción económica en forma conjunta por seis millones 292 mil 791.64 pesos.
De acuerdo con la resolución, el amparo promovido por las ex funcionarias fue denegado, por lo que deberá proceder la sanción correspondiente.
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